¿Cuál es el papel adecuado de los tribunales en un Estado de Derecho? ¿Pueden reemplazar o corregir las decisiones de las legislaturas; integradas por personas elegidas por el voto de las mayorías? ¿Deberían compartir con el Congreso la potestad de interpretar las leyes? Dicho de otro modo; ¿quién debería tener la última palabra en la traducción de la Constitución y las leyes a la vida cotidiana?

En este libro de extraordinaria influencia; que renovó de raíz el pensamiento jurídico contemporáneo; Mark Tushnet despliega los efectos positivos de un papel más débil por parte del Poder Judicial; un sistema en el que los legisladores y los funcionarios del Poder Ejecutivo participen abiertamente en la interpretación constitucional. Postula; además; una concepción más fuerte de los derechos sociales y económicos; que deberían quedar bajo la custodia activa de todas las ramas de gobierno (en primer lugar; las ramas políticas).

Fundador de la corriente de los estudios críticos del derecho en los años setenta; rara avis en el derecho norteamericano como jurista de izquierda que ocupa un lugar central en la discusión constitucional contemporánea; Tushnet pone a prueba su propuesta comparando el derecho de los Estados Unidos con los de Australia; Canadá o el Reino Unido; y demuestra que un control de constitucionalidad débil; como el que aplican esos países; puede ser compatible con el autogobierno democrático y la garantía del cumplimiento efectivo de los derechos para todas las personas.

Mientras en la región se multiplican los conflictos entre poderes ejecutivos y judiciales y su solvencia y legitimidad para tomar decisiones; Siglo XXI acerca a los lectores de lengua castellana una obra clave para enriquecer y matizar esas discusiones; que en el fondo hablan de la fortaleza o debilidad de nuestras democracias.